Víctor Fernández – Fundación Disenso
Desde la crisis del coronavirus y la invasión rusa de Ucrania, todo Occidente lleva sufriendo un imparable proceso inflacionario que no da visos de remitir. El alza de los precios de la energía y del transporte y la mayor complejidad de las cadenas de suministro, junto con unas políticas monetarias expansivas que no han hecho más que acelerarse, han llevado a Europa a una situación inédita desde los años 70.
España, como no podía ser de otra manera, se ha visto afectada por estos procesos inflacionarios, agravados por una gestión económica del gobierno de Pedro Sánchez que ha sido errática, cuando no altamente negligente. El gobierno no sólo ha gestionado mal cada una de las sucesivas crisis de precios, si no que las ha agravado con un compendio de terribles decisiones estratégicas, necesidad recaudatoria para comprar bolsas de votos e incompetencia.
Si España se encontraba en una buena situación para capear las primeras olas inflacionarias en 2021 -desconectada casi por completo del mercado energético europeo y líder en refinamiento de gas natural licuado, además de un mercado exportador de productos agrícolas líder en Europa-, la realidad es que el país ha sufrido una crisis de precios mayor que cualquiera de los cuatro países más grandes de la eurozona, y especialmente de Francia.
La inflación, así, se ha tornado visible en el día a día de todo español. Las subidas de impuestos a las empresas y ciudadanos -más de 100 en ocho años-, la destrucción del pequeño y mediano comercio por las costosas trabas burocráticas -dejando sectores económicos enteros en manos de oligopolios-, o la apuesta por los ingresos del turismo y su temporalidad, han afectado de manera notable a nuestro país, agravando problemas estructurales que ya venía arrastrando desde hace tiempo.
Entre ellos, el aspecto más sangrante de la política activa del gobierno ha sido su nefasta política energética, provocando incrementos considerables del precio de la energía, la mayoría de las veces, por simple cerrazón ideológica. Debido a ello, los productos de todos los bienes del día a día, y en sectores tan importantes para los españoles como los alimentos de los supermercados, han tenido un encarecimiento comparable a los de países mucho más afectados directamente por la guerra en Ucrania.
Mientras que Francia, soberana energéticamente, ha soportado alzas en los lineales de los supermercados de, aproximadamente, un 25% desde 2020, los españoles nos gastamos hoy un 35% más de media en alimentos que antes de la pandemia, con unos números muy similares a los de una Alemania con unos costes de producción totalmente disparados por su alta dependencia de un gas ruso cortado desde 2022.
En términos generales, este diferencial respecto de nuestro vecino norteño continúa aún en 2026, donde mientras España bate de nuevo récords de inflación, llegando al 3,2% anual en mayo, el francés es del 2,4%. Incluso el alemán es hoy mejor, con un IPC del 2,6%.
Diplomáticamente, España sólo ha agravado su posición estratégica en energía desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Las tensiones con Argelia entre 2021 y 2023 por la inexplicable postura española con Marruecos ya llevaron al cierre temporal del gasoducto Medgaz, que sólo volvió a abrir paulatinamente hasta su retorno a la normalidad en 2024, tras años de lisonjas por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores español, entre las cuales se ha encontrado la venta de numeroso material militar. El sustituto de este proveedor esencial para España fue EE. UU. y su GNL, más costoso de transportar y más caro de adquirir.
Pedro Sánchez y su gobierno no se quedaron ahí, sino que ahondaron más en el descontrol energético español, provocando la pérdida de una oportunidad histórica por la que España podría haberse tornado en el campeón europeo en materia energética. El rechazo al plan alemán de unir la península y el resto de Europa con, al menos, un gasoducto, fue incomprensible, ya que sólo beneficiaba a Francia como país exportador.
Macron, como consuelo, ofreció a España un gasoducto de hidrógeno verde para 2030 del que, supuestamente, se beneficiaría aún más nuestro país. Años después, y a cuatro años de la fecha marcada, nada se sabe de ese proyecto. Como colofón, tras la crisis diplomática con Argelia, este país se inclinó finalmente por la Italia de Meloni como país donde llevar a cabo sus inversiones, con la ampliación del gasoducto Trans-Mediterráneo, que conecta directamente con la red europea.
Por si no fuera suficiente, el resultado de las políticas climáticas del gobierno en relación con la generación eléctrica, sustituyendo las energías fósiles y la nuclear por renovables no generadoras de inercia y que pudiesen estabilizar la red en casos de estrés, provocó el apagón de 2025, al que siguió un súbito aumento del uso de gas como garante del funcionamiento de la red, lo cual también repercutió en mayores precios para el consumidor, en una espiral que llega hasta hoy. Así, mientras Francia disfruta de una mayor estabilidad de precios gracias a un mercado energético patrio fuerte y barato, España lucha para no hundirse en un mercado cada vez más difícil.
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