El Gobierno del presidente de Chile, José Antonio Kast, ingresó este lunes al Senado una reforma constitucional de seguridad que contempla un nuevo estado de excepción para enfrentar el crimen organizado y que fue tramitada con suma urgencia.
La iniciativa contiene medidas para reforzar las herramientas del Estado en materia de prevención, persecución del delito y resguardo del orden público, dentro de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), y plantea ocho modificaciones a la Carta Fundamental (Constitución) que deberán ser discutidas en un plazo de 15 días.
La creación del nuevo estado de excepción estipula que el mandatario podrá decretarlo ante una amenaza grave e inminente a la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada y extenderlo por hasta 120 días, con la facultad de prorrogarla una vez por igual período. Su posterior extensión requiere de la decisión del Congreso.
Su ejecución establece que las zonas sobre las que se aplique quedan bajo dependencia inmediata de un Oficial General designado por el Jefe de Estado.
Durante su vigencia, el Ejecutivo podrá suspender o restringir la libertad personal y de desplazamiento y los derechos de reunión y asociación, además de interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones y disponer requisiciones de bienes.
Actualmente, el estado de excepción, renovado de forma ininterrumpida por el Congreso en cuatro provincias de las regiones de Araucanía y Biobío desde 2022 debido a reiterados episodios de violencia, es una figura que permite desplegar a los militares para el control del orden público, con más dotación y poderes para las Fuerzas Armadas.
DW
