Por órdenes del Presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, el Gobierno nacional anunció la terminación definitiva de su participación en todos los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación heredados de la administración anterior, argumentando que estos no demostraron avances concretos en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia.
«El Gobierno nacional da por finalizados todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos y de la falsa paz.» Afirma la Presidencia de Colombia a través de X.
La medida afecta de manera directa las mesas de negociación entabladas con diversos grupos armados, entre los que se encuentran:
- El Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes.
- La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
- El Frente Guerrillero Comuneros del Sur.
- El Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De igual manera, la decisión pone fin a los espacios sociojurídicos de conversación que se mantenían con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y con estructuras criminales operantes en Medellín, el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura. Asimismo, se confirmó el levantamiento de la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
En el pronunciamiento oficial, el Ejecutivo señaló que durante el gobierno anterior se erogaron más de $7.000 millones destinados exclusivamente a la asignación de honorarios para voceros, representantes y negociadores. De acuerdo con el reporte oficial, dicha cifra no contempla los costos adicionales asociados a esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación ni demás gastos sufragados por el erario público.
El Gobierno fue enfático al manifestar que no mantendrá escenarios institucionales que sean instrumentalizados para prolongar el accionar delictivo, obtener beneficios procesales o evadir la ley.
