A contracorriente va política migratoria abierta en España, en un mundo desarrollado que cada vez pone más barreras a la inmigración.
El gobierno presidido por Pedro Sánchez, anunció por sorpresa la semana pasada la regularización extraordinaria de los inmigrantes indocumentados o solicitantes de asilo que puedan demostrar una estancia de al menos cinco meses en el país y carezcan de antecedentes penales.
El gobernante, Partido Socialista y la formación de izquierda Podemos alcanzaron un acuerdo que fue posteriormente aprobado por el ejecutivo mediante un real decreto que permitió evadir al Parlamento, donde los socialistas no tienen mayoría.

Una propuesta
La medida partió de una propuesta firmada por aproximadamente 700.000 personas con el apoyo de diversos grupos de la sociedad civil, desde asociaciones de migrantes hasta la Iglesia católica.
La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, manifestó que la regularización era «necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles».
Nacieron en otro país
De los 49,4 millones de habitantes de España, más de 9,8 millones nacieron en otro país, entre ellos 3,4 millones de extranjeros con permiso de residencia, según datos oficiales.
Más de medio millón de los aproximadamente 850.000 inmigrantes que hoy se encuentran en situación irregular, de acuerdo a estimaciones, podrán normalizar su estatus migratorio.
La medida, que refleja una política abiertamente favorable a la inmigración, contrasta con el endurecimiento generalizado de las políticas de la mayoría de los países desarrollados en este ámbito.
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