El Gobierno de los Estados Unidos ordenó este miércoles la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que amparaba a más de 170.000 ciudadanos salvadoreños, quienes ahora pierden su estatus legal en el país norteamericano y quedan expuestos a posibles órdenes de deportación.
La información fue divulgada por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) sin ofrecer mayores detalles sobre los plazos o la transición de este beneficio, del cual gozaban los migrantes salvadoreños desde el año 2001, tras los devastadores terremotos que azotaron a la nación centroamericana.
Reacciones inmediatas
Las respuestas de organizaciones civiles y activistas de derechos humanos no se hicieron esperar ante el anuncio oficial. <<No hemos tenido ninguna notificación oficial del Gobierno Trump sobre cuánto tiempo dará a los salvadoreños>>, denunció a la agencia EFE la activista Dulce Guzmán, presidenta de Alianza Américas, coalición que agrupa a más de 50 organizaciones proinmigrantes en todo el territorio estadounidense.
Por su parte, el legislador Eugene Vindman introdujo recientemente un proyecto de ley con el objetivo de prorrogar este amparo de manera excepcional por un lapso de 18 meses. <<Obligar a las familias a regresar a condiciones peligrosas e inestables es cruel y miope>>, sentenció el congresista a través de un comunicado oficial.
A pesar del esfuerzo legislativo de Vindman, la dirigencia social se muestra escéptica sobre el futuro de la comunidad salvadoreña. Guzmán reconoció que la propuesta —al igual que otras iniciativas orientadas a regularizar de forma definitiva a los beneficiarios del TPS y del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)— difícilmente prosperará debido a la firme oposición de la administración de Donald Trump.
En sintonía, Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, recordó que el mandatario estadounidense ha mantenido este programa bajo la lupa desde su primer mandato (2017-2021). Ya en enero de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había ordenado el cese del TPS para El Salvador, otorgando en ese momento un plazo de 18 meses para que los afectados buscaran vías alternas de residencia o abandonaran la nación.
