Italia y Dinamarca rechazaron «la inmigración descontrolada» y pidieron centros de repatriación en otros países.
Las primeras ministras de ambas naciones, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, han publicado un documento conjunto en el que piden más rigor sobre los flujos migratorios.
«No aceptamos una inmigración descontrolada hacia Europa, y hemos impulsado una política migratoria rigurosa», dijeron.
Al igual que, «nadie puede negar los efectos negativos de la inmigración ilegal en nuestras sociedades, como el aumento de las tasas de criminalidad, la creciente presión sobre los servicios públicos y la erosión de la confianza de los ciudadanos».
Las mandatarias hicieron la afirmación en una nota conjunta, para manifestar el deseo de defender a Europa.
Se trata de una alianza inédita entre la dirigente de la derecha radical italiana y la socialdemócrata escandinava, reconocida en el propio documento: «Somos conscientes, escriben, de que muchos se pueden preguntar por nuestra colaboración».
«Venimos de posiciones políticas muy distintas y, desde luego, no coincidimos en todo. Somos las únicas dos mujeres al frente de un gobierno en la UE. Una de nosotras dirige un gran país del Sur, la otra un pequeño país del Norte. Pero estamos unidas por nuestro deseo de defender Europa».
«Es especialmente grave, prosigue el texto firmado por Meloni y Frederiksen, cuando inmigrantes ilegales, sin derecho a permanecer en nuestras naciones, cometen crímenes violentos, trafican con droga o son responsables de agresiones sexuales».
Así mismo, indicaron que «es comprensible que los ciudadanos europeos esperen acciones concretas de sus representantes políticos. Durante demasiado tiempo, sobre todo la gente común ha pagado un precio demasiado alto por una inmigración descontrolada».
Así, continuaron: «es nuestro deber seguir comprometiéndonos con determinación para ofrecer respuestas a los ciudadanos, en especial a los más expuestos, y garantizar más seguridad y protección para nuestras comunidades».
En concreto, según las dos líderes europeas, tras la «modificación de los equilibrios en la aplicación del Convenio de Derechos Humanos a los ciudadanos extranjeros que cometen delitos graves», ahora «deberían aumentar las expulsiones».
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