Page ha vuelto a levantar la voz para cuestionar la gestión del Gobierno en Ceuta. El presidente de Castilla-La Mancha ha advertido este miércoles de que lo ocurrido en la ciudad autónoma ha desbordado hace tiempo el debate estrictamente migratorio y se ha convertido en una cuestión de Estado. <<Va más allá de un problema de inmigración; es un problema de seguridad nacional al que hay que responder con toda la fuerza del Estado>>, ha sentenciado.
El barón socialista tampoco ha ahorrado reproches a la respuesta desplegada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde Navalcán (Toledo), Page la ha calificado de <<evidentemente insuficiente desde todo punto de vista>> y ha deslizado una crítica especialmente incómoda por los tiempos elegidos para reaccionar a la crisis. <<El incidente de seguridad se ha producido al comienzo de las vacaciones; a lo mejor el mando único habría estado mucho antes de haber sido al final de las vacaciones, y es triste llegar a esa conclusión>>, ha lamentado.
Page ha vuelto así a marcar distancias con La Moncloa en plena discusión sobre la gestión de una crisis que ha obligado finalmente al Gobierno a concentrar la coordinación bajo un mando único en manos del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Y lo ha hecho cuestionando no solo la dimensión de la respuesta, sino también la tardanza con la que, a su juicio, se han adoptado algunas de las medidas.
Castilla-La Mancha, ha asegurado, prestará todos los servicios que le sean requeridos siempre dentro de la legalidad. Pero el presidente autonómico también ha reclamado al Gobierno que cumpla el compromiso adquirido respecto a quienes han accedido irregularmente a territorio español. Page ha exigido «devolver a todos los que han entrado ilegalmente» y ha lanzado una advertencia sobre las consecuencias de no hacerlo: <<Lo contrario sería tanto como provocar nuevas invasiones>>.
El dirigente castellano-manchego ha vuelto a situarse así entre las voces socialistas más críticas con la respuesta del Ejecutivo a la crisis ceutí: para Page, el problema ya no es únicamente cuántas personas han entrado o cómo gestionar su acogida, sino cómo ha respondido el Estado ante un episodio que considera directamente una amenaza para la seguridad nacional.
