«Desproporcionado» y «discriminatorio» baremo para selección de magistrados del TSJ, en Venezuela, advirtió Alí Daniels, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello y director de Acceso a la Justicia, quien argumentó que la medición privilegia o da más importancia al funcionario público que a la experiencia profesional.
El jurista, criticó que tiene menos peso el caso de los defensores de derechos humanos, lo que a su juicio, esas son prácticamente ramas marginales en el baremo.
El vocero de Acceso a la Justicia criticó algunos de los criterios establecidos en la escala publicada por el Comité de Postulaciones Judiciales para evaluar a los participantes a jueces del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ.
Por primera vez
En su criterio, «es positivo que por primera vez en 27 años se hagan públicos los criterios de evaluación. Sin embargo, desde un método técnico, observamos algunos aspectos que merecen revisión», mencionó a través de una publicación en X.
Asimismo, sostuvo que en el último bloque del baremo, que es la entrevista, el puntaje que se le coloca es «desproporcionado» porque, en su entendimiento, «no ven que esto esté justificado».
En los criterios de evaluación, que conforman en total 100 puntos, la entrevista es el que tiene el puntaje más alto con 15 puntos.
En los demás ítems la máxima puntuación que s eda es de 12 y a la entrevista, que es algo subjetivo y que apenas dura de 10 a 15 minutos y que además los temas son sumamente amplios y es imposible evaluar exhaustivamente, se da incluso hasta 15 puntos que consideramos que es arbitrario porque eso puede hacer la diferencia que alguien salga mejor o peor, por una mirada subjetiva, dijo.
Destacó que la puntuación de la evaluación debería ser al revés. «Los parámetros objetivos, posgrado, experiencia, publicaciones, grados académicos, deberían tener más peso que una entrevista».
Asimismo, el abogado Daniels, afirmó que, por ejemplo, en el proceso de selección de magistrados que se hizo en mayo y el cual no terminó, la entrevista no la hacía el comité de postulaciones completo, sino que éste se dividía. «Un grupo entrevistaba a uno y otro entrevistaba a otro y no todo el comité, esa es otra observación», dijo.
La normal constitucional que dice
«El baremo no refleja la normal constitucional que dice que hay tres perfiles: uno académico que es de profesor titular, uno profesional que es con posgrado y uno de juez superior con una permanencia en el Poder Judicial de 15 años. Son tres perfiles que tienen que ser equivalentes y en el baremo hay una asimetría y una discriminación de un perfil sobre otro», manifestó.
A su juicio, es discriminatorio que se le dé mayor peso al haber obtenido cargos públicos, todos ellos de nombramientos arbitrarios o nombramiento a dedo, que el haber tenido una carrera en la defensa de los derechos humanos o en el ejercicio de la profesión como defensa de los ciudadanos. «Allí hay un desequilibrio», comentó.
Con información de caraotadigital.net
