El gobierno de Bolivia se encuentra evaluando técnicamente la integración de la stablecoin (USDT) en su sistema de pagos nacional.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, informó que el objetivo de la medida es permitir que este activo digital circule de manera formal en la economía del país. El gobierno buscaría otorgarle un reconocimiento y una función similar a la del dólar norteamericano o al del boliviano.
Durante una declaración ofrecida el viernes 10 de julio, Espinoza explicó que el país actualmente cuenta solo con el levantamiento de la prohibición de estos instrumentos financieros, pero todavía carece de una normativa clara y profunda, por lo que el objetivo es encaminar el uso de este activo a un nivel más formal.
«Nosotros estamos trabajando y evaluando técnicamente la posibilidad de incluir USDT al sistema de pagos bolivianos, que circule como una moneda más, como el dólar, como el boliviano», señaló Espinoza.
Que una stablecoin como USDT entre al sistema de pagos de Bolivia significa que los ciudadanos y empresas ahora pueden usar este «dólar digital» de forma legal, directa y masiva para transacciones cotidianas, sin depender exclusivamente del dinero en efectivo o del sistema bancario tradicional.
Esto facilita el comercio internacional, protege los ahorros frente a la escasez local de divisas físicas y reduce los costos de envío de remesas, integrando la economía boliviana al mercado financiero digital global.
Hay que tomar en cuenta que en Bolivia el uso de USDT comenzó a esparcirse de manera notable desde el 2024, cuando el país comenzó a enfrentar dificultades para acceder a divisas.
Se requiere un marco regulatorio riguroso
No obstante, la incorporación formal de USDT en el sistema de pagos de Bolivia requiere de un marco regulatorio riguroso. La nación permanece en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Tal condición obliga a la administración actual a extremar los controles regulatorios para evitar que las transacciones con este activo digital sean utilizadas para el lavado de dinero o el encubrimiento de actividades ilícitas.
