Las captaban en Venezuela aprovechando su situación de vulnerabilidad y, nada más llegar a Tenerife (España), las instalaban en un piso del barrio de La Salle, en Santa Cruz. Allí empezaba todo. Les reclamaban una deuda de entre 4.500 y 8.000 euros, impuesta por la propia red, y la única manera de pagarla era prostituirse.
La Policía Nacional ha desmantelado ahora la organización criminal que sostenía este engranaje, en una operación que se ha cerrado con cinco detenidos y tres víctimas identificadas, según ha informado el propio cuerpo.
En aquella vivienda, nada estaba en sus manos. Los integrantes del grupo controlaban sus cuentas bancarias, gestionaban los anuncios en páginas de contactos, fijaban los servicios sexuales y administraban el dinero que generaban. Tampoco había descanso posible, porque debían estar disponibles las 24 horas, los siete días de la semana, y no podían negarse a ningún cliente.
La investigación arrancó en agosto del pasado año, cuando una de las víctimas prestó declaración en dependencias policiales. Su testimonio fue el hilo del que tiraron los agentes para reconstruir los hechos, la estructura de la red y su forma de actuar.
El desenlace llegó con una entrada y registro en la que los investigadores identificaron a las tres mujeres y arrestaron a cinco integrantes de la organización. En ese mismo dispositivo intervinieron 8.630 euros en efectivo, siete teléfonos móviles, un ordenador portátil, una tableta y numerosa documentación vinculada a los hechos.
