El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha asegurado que al expresidente Evo Morales «ya le va a llegar la cárcel», en alusión a la orden de detención por trata de personas que pesa sobre él y a las investigaciones por otros presuntos delitos.
Las declaraciones del jefe del Estado llegan en un momento de fuerte confrontación política y judicial entre el Gobierno y el exmandatario, refugiado desde hace meses en la región cocalera del Chapare mientras evita comparecer ante la Justicia boliviana.
Rodrigo Paz participó este domingo en un acto de entrega de un proyecto de abastecimiento de agua en el sur de Cochabamba, donde volvió a cargar contra Evo Morales. Durante el evento, varios asistentes corearon «cárcel para Evo», una consigna a la que el mandatario respondió con un contundente: «Ya le va a llegar la cárcel».
El presidente fue más allá y aseguró que no se sentiría tranquilo si Morales viviera cerca de su familia.
«Si yo tengo una hija menor en mi casa y él fuera mi vecino, yo no estaría seguro», afirmó Paz, en referencia a la investigación judicial que afecta al exmandatario.
El jefe del Ejecutivo defendió que Bolivia necesita ciudadanos que respeten «la familia, las leyes y la institucionalidad» y reclamó recuperar «la moralidad, la ética y la convivencia».
El mandatario defiende un modelo de desarrollo basado en inversiones, comercio e infraestructuras frente a los bloqueos sociales
Evo Morales continúa refugiado en el Chapare
Sobre Evo Morales pesa actualmente una orden de aprehensión por un caso de presunta trata de personas agravada, relacionado con la relación que habría mantenido con una menor de edad durante la recta final de su etapa como presidente.
Además, las autoridades bolivianas también le atribuyen responsabilidades por presuntos delitos de narcotráfico y por impulsar movilizaciones consideradas violentas por el Gobierno.
El exmandatario permanece desde hace meses en la región cocalera del Chapare. Morales no ha acudido a ninguna de las citaciones de la Justicia y sostiene que todas las investigaciones forman parte de una persecución política iniciada durante el mandato del expresidente Luis Arce.
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