Profesor Santiago Rodríguez
Pocas palabras en la historia de las ideas políticas han padecido un ataque tan feroz y continuo como el término “liberal”. Esta palabra, usada con plena conciencia de su significado en la España de 1812 —cuando los liberales se oponían a los serviles, quienes asumían posiciones más conservadoras de acuerdo con el ideario absolutista—, ha sido reducida por sus adversarios a la caricatura del industrial con sombrero de copa del siglo XIX que se enriquece explotando al obrero; pero también ha sido adoptada con ligereza por aquellos que confunden la libertad con el “vale todo” del libertinaje. Nada más alejado de la realidad. Ser liberal significa defender los principios de una doctrina inseparable de la libertad y los derechos individuales frente a cualquier proyecto colectivo, sin importar sus buenas intenciones. Pero es, ante todo, una forma de vivir basada en la tolerancia, el respeto irrestricto a la dignidad humana y la coexistencia de la diversidad como pilar de la democracia. Los liberales creen en un mundo en el que cada persona sea libre de pensar, trabajar y comportarse como prefiera, siempre y cuando respete los derechos de los demás.
Para entenderlo de forma sencilla y directa, el destacado académico Alberto Benegas Lynch (hijo) acuñó una definición que hoy se ha convertido en el emblema moderno de esta doctrina: “El liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad”. Esta frase encierra una idea poderosa para el ciudadano común. Significa que, aunque no compartas, no entiendas o incluso te desagraden las decisiones personales, la religión o el estilo de vida de los demás, tienes el deber moral —más allá de cualquier norma legal— de respetarlos. Desde esta perspectiva, ser liberal implica que eres el único dueño de tu vida y que nadie, ni siquiera el gobierno, tiene derecho a decidir por ti cómo debes vivir.
Como doctrina —y es preciso hablar de doctrina y no de ideología—, el liberalismo se distancia de la ortodoxia socialista que transpira sectarismo e intolerancia. Su esencia parte de una premisa humilde: nada es absolutamente definitivo, todo puede ser revisado, corregido y rectificado. Por ello, ser liberal no es abrazar un catecismo ciego, sino mantener una constante actitud crítica ante la realidad. De ahí que existan visiones antagónicas dentro de esta corriente frente a temas como el aborto o la legalización de drogas sin que esto altere la raíz iusnaturalista de su filosofía.
En el ámbito económico, esta apertura se traduce en la defensa del libre mercado y las ideas de Adam Smith sobre la mano invisible. Esta teoría, en tiempos modernos, evoluciona con el monetarismo de Milton Friedman y la Escuela Austriaca de Ludwig von Mises —quien cimentó su praxeología en la acción humana— así como por Friedrich Hayek, quien advirtió que el estatismo intervencionista conduce inevitablemente a la servidumbre. Por otra parte, es crucial precisar que esta perspectiva se enmarca en la tradición europea y no en la estadounidense. En la nación anglosajona, a esta vertiente original se la etiqueta como “liberalismo clásico” —vinculada directamente a la escuela inglesa de John Locke—, puesto que allí el término “liberal”, a secas, ha sido asimilado como sinónimo de progresismo.
A partir de estos principios, el liberalismo propone un modelo de gobierno muy claro basado en el Estado limitado. Para un liberal, el gobernante no debe comportarse como un padre que dictamina qué comer, en qué trabajar o cómo gastar tu dinero. El Estado debe funcionar, más bien, como un árbitro justo en un partido de fútbol, cuya única función es aplicar las mismas reglas para todos por igual, asegurar el cumplimiento de las normas y castigar a quienes las rompan.
Cuando el aparato estatal se hipertrofia y mete las manos en todas partes, deja de ser un árbitro para convertirse en un jugador más, destruyendo la competencia, el empleo y el talento individual. En definitiva, ser liberal no es pertenecer a un partido político ni defender una receta económica infalible que lo resolverá todo. Es promover un sistema de libertades donde la persona constituye un fin en sí misma y puede prosperar por su propio mérito. Bajo esta premisa, una sociedad progresa cuando se garantiza la igualdad en el punto de partida —no de llegada o de resultados—, permitiendo a los ciudadanos emprender y desarrollarse, siempre que se respete la libertad y el derecho de los otros a hacer lo mismo.
